Uruapan, Mich.— La ejecución del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrida la noche del 1 de noviembre durante la Fiesta de las Velas, ha destapado una historia de impunidad y omisiones que hoy sacude a todo Michoacán.
El autor material del crimen fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con reportes federales, habría recibido 50 mil pesos por asesinar al presidente municipal de Uruapan.
“El Cuate” no era un desconocido para las autoridades. El pasado 7 de julio, el propio alcalde Carlos Manzo lo denunció públicamente, señalándolo por delitos de extorsión, secuestro y homicidio. Fue detenido días después, pero liberado sin mayores consecuencias. Meses más tarde, el mismo hombre terminó arrebantándole la vida.
Testigos relatan que, durante el encendido de la tradicional llama en la Plaza Morelos, El Cuate se acercó entre la multitud y disparó a quemarropa, cumpliendo una orden sin plan de escape ni estrategia. Junto a él participaron tres jóvenes más, presuntamente reclutados por el mismo grupo criminal.
El asesinato del alcalde independiente, conocido por su firme postura contra el crimen organizado, ha sido interpretado como un mensaje directo a quienes se atreven a desafiar al poder de los cárteles en Michoacán.
Carlos Manzo había renunciado al silencio: denunció extorsiones, recorrió carreteras con chaleco antibalas y rompió los pactos tácitos con la delincuencia. Él mismo había advertido:
> “No quiero ser un alcalde más ejecutado.”
Su muerte evidenció la fragilidad del Estado ante el crimen. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum tardó más de 12 horas en pronunciarse, el gobierno de Estados Unidos envió condolencias antes que el propio gobierno federal.
El caso de El Cuate se ha convertido en un símbolo de la impunidad, un recordatorio de que en México, incluso cuando se denuncia al asesino, la justicia llega tarde… o no llega